A- de 2025

Conflictos entre los Juzgados 1, 8 y 9 Administrativos Orales del Circuito de Montería y la Superintendencia de Sociedades, por unas demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentadas por unos ciudadanos, contra el departamento de Córdoba, en las cuales solicitan declararlo responsable por los daños y perjuicios morales y materiales causados por la violación del deber objetivo de cuidado al no cumplir, dentro del plazo pactado, la orden administrativa del acuerdo de reestructuración y, condenarlo al pago de los daños ocasionados, entre otras pretensiones.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que las solicitudes de los demandantes no corresponden a ninguna de las materias sobre las que la Superintendencia de Sociedades tiene funciones jurisdiccionales, de acuerdo con la Ley 550/99, y, aunque algunos hechos se relacionan con la ejecución del acuerdo, las pretensiones no buscan que se ejecute el acuerdo sino la declaración de la responsabilidad del departamento de Córdoba, en los términos del artículo 90 de la Constitución, como consecuencia de una alegada omisión del deber objetivo de cuidado por una indebida operación administrativa, con la condena de pago de perjuicios causados, así que la Sala considera resolver en virtud de la regla de decisión del Auto 3121/23, que asigna a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer demandas de reparación directa, que pretenden la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisión de una entidad pública, de conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA.